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El Gobierno mexicano se une al Gobierno de Biden en nuevo asalto contra refugiados y migrantes...

Las condiciones inhumanas que enfrentan los solicitantes de asilo y los migrantes en la frontera de ee.uu. y méxico han sido acompañadas de una colaboración entre los gobiernos de joe biden y andrés manuel lópez obrador en una campaña brutal para suprimir la migración.

Después de poner fin a los acuerdos reaccionarios con Guatemala y México para obligar a los solicitantes de asilo en EE.UU. a esperar en esos terceros países, el Gobierno de Biden está trabajando con estos mismos Gobiernos para anular el derecho de solicitar asilo del todo, de cualquier parte.

México y Estados Unidos han recurrido a deportar sumariamente a los migrantes bajo el pretexto de la “seguridad sanitaria” pro la pandemia de COVID-19.

Decenas de miles de migrantes se vieron animados por la promesa de Biden de poner fin a las políticas fascistizantes de Trump y se entregaron en la frontera de EE.UU., solo para ser deportados. Entre ellos, se incluían muchos de los 25.000 solicitantes de asilo bajo el programa “Permanecer en México”, quienes habían esperado meses para presentar su caso en las cortes migratorias de EE.UU.

Al mismo tiempo, las autoridades migratorias mexicanas y la policía han procedido a desmantelar los campamentos de carpas cada vez mayores y a hostigar a los refugiados a lo largo de la frontera.

“Nos están tratando como animales”, le comentó un migrante guatemalteco el viernes a Excélsior, después de que su campamento de unos 100 solicitantes de asilo fuera dispersado en la ciudad fronteriza de Reynosa. Añadió entre lágrimas, “Si vamos otra vez [a EE.UU.] van a encarcelarnos por seis meses, por eso nos vamos a retirar a nuestro país. Lamentablemente, tengo mucha deuda. Ahorita no tengo nada allá en Guatemala, me quedé en la calle”.

Habían sido deportados por el Gobierno de Biden y les indicaron que no los transportarían a sus países de origen por cinco meses, lo que constituye otra cruel política de “disuasión”.

Efectivamente, esta es una escalada de la política perseguida por el Gobierno de Trump, que deportó sumariamente a más de 400.000 migrantes desde marzo de 2020, utilizando el pretexto de la pandemia de COVID-19. Aproximadamente 71.000 solicitantes de asilo enviados de vuelta a México se registraron en el programa “Permanecer en México”, pero la gran mayoría de las solicitudes fue rechazada.

El número de menores migrantes no acompañados bajo custodia de Estados Unidos ha aumentado a más de 4.200, mientras que el Gobierno mexicano informó que “ha atendido” a más de 1.000 menores no acompañados entre enero y febrero.

Al ser consultado por Jornada sobre cuántos menores hay actualmente bajo custodia, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano aseguró que no tiene registro de esas cifras. Desde noviembre de 2020, la custodia de los niños migrantes pasó a manos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que gestiona los albergues para niños en colaboración con UNICEF.

Sin embargo, la mayoría de los menores solicitantes de asilo que permanecen en México siguen esperando en campamentos improvisados e insalubres con sus padres u otros adultos. El fin de semana pasado, más de 50 menores tuvieron que ser atendidos por médicos por enfermedades respiratorias en un campamento de carpas en Tijuana, donde los migrantes se han enfrentado a tormentas de granizo y a temperaturas gélidas por la noche.

Tras una investigación de documentos legales y entrevistas, Human Rights Watch (HRW) concluyó en un informe publicado la semana pasada que “los migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros, extorsión, agresiones y trauma psicológico”.

La agencia añade que “el gobierno de Biden sigue invocando dudosos motivos de salud pública para expulsar a solicitantes de asilo que llegan a la frontera, y no ha tomado ninguna medida para solucionar la situación de los 30 mil individuos a quienes les desecharon sus solicitudes de asilo injustamente tras ser enviados a México”.

Aunque los funcionarios republicanos y demócratas y los portavoces de los medios de comunicación han insistido en que el tráfico de personas por parte de los cárteles es un factor clave de la migración, el informe deja claro que las fuerzas de seguridad mexicanas apoyadas y financiadas por Washington son parte integrante de estas estructuras criminales que abusan de los migrantes. Los policías uniformados han amenazado constantemente con entregar a los migrantes a los cárteles o con matarlos si no pagan sobornos de cientos de dólares, y una de las víctimas dijo: “No entiendo quién es un criminal y quién es la ley”.

Por otro lado, aunque López Obrador había decretado que los solicitantes de asilo que esperan en México pueden acceder a una tarjeta de identificación conocida como la CURP para trabajar legalmente y acceder a servicios de salud y educación, los migrantes que hablaron con HRW dijeron que, incluso con la CURP, la negación de empleos, educación y atención médica para los migrantes era un fenómeno generalizado.

Además, como blancos favoritos de secuestros y extorsiones, los migrantes dijeron a HRW que la policía se niega incluso a presentar sus denuncias cuando son víctimas.

Washington y México, por su parte, colaboran en una nueva campaña militarizada para cortar las rutas migratorias.

El 22 de enero, poco después de que funcionarios del equipo de transición de Biden y del Gobierno mexicano alentaran a los militares y policías guatemaltecos a disolver violentamente una caravana de 8.000 migrantes hondureños, Biden y López Obrador mantuvieron una primera llamada y acordaron “trabajar estrechamente para frenar el flujo de la migración irregular”.

El embajador designado por Trump en Guatemala, William Popp, anunció entonces en una reunión con su homólogo mexicano y el canciller guatemalteco que habían acordado en un “esfuerzo renovado para mantener la seguridad en la frontera durante la emergencia del COVID-19”.

En Guatemala, el presidente derechista Alejandro Giammattei prometió el viernes, en una ceremonia con las familias de 16 migrantes masacrados presuntamente por cárteles en el estado mexicano de Tamaulipas, que frenaría la migración mediante “muros de prosperidad y desarrollo”.

Sin embargo, la respuesta de Giammattei a las manifestaciones populares contra los recortes en educación y salud y la falta de ayuda a los damnificados por los huracanes del pasado noviembre fue la misma que la que utilizó contra las caravanas de migrantes en enero: “muros” de represión violenta a cargo de policías y militares entrenados y financiados por Estados Unidos.

Mientras tanto, el Gobierno de López Obrador sigue desplegando a tropas de la Guardia Nacional para acorralar a los migrantes después de que Trump elogiara repetidamente a su “amigo”, López Obrador, por movilizar al ejército mexicano como una extensión de la patrulla fronteriza estadounidense.

A lo largo de febrero, los medios de comunicación mexicanos informaron que la Guardia Nacional “rescató” a 108 migrantes centroamericanos en Nuevo León, 235 en Oaxaca y Veracruz, y 156 y luego otros 116 en Chiapas, solo para añadir que las fuerzas federales de hecho “interceptaron” los camiones en los que viajaban los migrantes.

Este es el resultado de decenas de puntos de control establecidos por la Guardia Nacional y el INM en carreteras y vías de tren. Como informó el domingo el New York Times, los interceptados o capturados en redadas cada vez más frecuentes están siendo deportados, y un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo al Times que “tienen derecho a deportar a los migrantes indocumentados”.

Hablando bajo condición de anonimato, funcionarios del Gobierno de López Obrador dijeron a Reuters que estaban trabajando en el desarrollo de la infraestructura a lo largo de la frontera con Guatemala para bloquear el ingreso de los migrantes. “México gasta más en cada nueva oleada de migrantes de lo que costaría eso”, dijo uno de ellos.

Ya para mediados de noviembre, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU advirtió que los huracanes seguidos y la crisis pandémica desencadenarían una crisis migratoria, pero ni el Gobierno mexicano ni el estadounidense se prepararon para recibir y albergar a estos refugiados desesperados, que lo habían perdido todo. Junto con la pandemia, la crisis migratoria pone de manifiesto que el capitalismo y su sistema de Estados nación son totalmente incapaces de satisfacer las necesidades sociales básicas de los trabajadores en todo el mundo.

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